Sin respetar las condiciones de los concursos de antecedentes, e ignorando la franca oposición de las autoridades del organismo, el Gobierno designó nada menos que a siete vocales del Tribunal Fiscal, un ente autárquico creado en 1960 que tiene por función revisar las decisiones de la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP).
Se trata de una nueva muestra de autoritarismo que busca ubicar en puestos clave a funcionarios allegados al oficialismo a los que se habría elegido, en su mayoría, no por su idoneidad, antecedentes y experiencia, sino por su índole funcional a los deseos y necesidades políticas del Gobierno. Casi todos ellos tienen padrinos políticos.
Como informó LA NACION, la presidenta Cristina Kirchner efectuó las designaciones mediante un decreto que firmó junto con el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, generando inmediatas reacciones de rechazo dentro y fuera del Tribunal Fiscal.
Además, la comisión evaluadora de los candidatos sólo les habría efectuado una entrevista, sin respetar el procedimiento de concursos ni abrir la participación, como se hizo en el pasado, al presidente del tribunal, Ignacio Buitrago, ni a las entidades tributarias.
Una de las 23 precandidatas que no fueron designadas afirmó que los nombramientos fueron arbitrarios y que no se respetaron los antecedentes técnicos. Diez de estos precandidatos impugnaron la medida y llevarán su reclamo ante la Justicia.
Uno de los argumentos esgrimidos por una fuente del Gobierno para defender esa decisión que no cumplió con los requisitos previos fue "la gran lentitud del tribunal para resolver, lo que implica un gran perjuicio para el fisco y para los contribuyentes, ya que están pendientes de resolución casos por 8000 millones de pesos".
Agustín Torres, ex integrante del Tribunal Fiscal, afirmó a este diario que "siempre los presidentes del Tribunal Fiscal intervinieron en la designación de los vocales y las designaciones se hacían con el procedimiento habitual de un concurso en el Estado". Torres agregó que, de los siete nuevos vocales, sólo conoce a dos de ellos porque trabajan en el organismo.
Lo ocurrido en el Tribunal Fiscal es otro lamentable ejemplo de la colonización que lleva a cabo el Gobierno en áreas decisivas de la administración. Areas que intervienen en asuntos donde se decide la suerte de montos millonarios.
Es lo que en su momento ocurrió, por ejemplo, en la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de la lucha contra el lavado de dinero, cuando al frente de la misma se nombró a José Sbattella, un hombre sin experiencia en la materia.
Otro tanto ha sucedido en la Sindicatura General de la Nación (Sigen), en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y en Aerolíneas Argentinas.
No contento con haber copado el ámbito estatal, el Gobierno ahora procura iniciar la colonización de empresas privadas mediante la arbitraria designación en ellas de directores que representen al Estado, en virtud de las acciones que en su momento adquirieron las desaparecidas AFJP y que han quedado en poder de la Anses.
Los candidatos a ocupar esos puestos de directores integran la agrupación La Cámpora, caracterizada por la ambición de sus integrantes por ocupar puestos bien rentados.
Un gobierno que, con pocas excepciones, elige a funcionarios a partir de su capacidad de obediencia ciega y no de su ideoneidad y capacidad profesional es un gobierno al que no le interesa el desarrollo del Estado, al que sólo usa para incrementar su poder político y económico y perseguir a quienes considera sus enemigos, porque la designación de inexpertos obedientes y genuflexos también es el mejor caldo de cultivo para la corrupción
Fuente: nota de La Nación
Se trata de una nueva muestra de autoritarismo que busca ubicar en puestos clave a funcionarios allegados al oficialismo a los que se habría elegido, en su mayoría, no por su idoneidad, antecedentes y experiencia, sino por su índole funcional a los deseos y necesidades políticas del Gobierno. Casi todos ellos tienen padrinos políticos.
Como informó LA NACION, la presidenta Cristina Kirchner efectuó las designaciones mediante un decreto que firmó junto con el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, generando inmediatas reacciones de rechazo dentro y fuera del Tribunal Fiscal.
Además, la comisión evaluadora de los candidatos sólo les habría efectuado una entrevista, sin respetar el procedimiento de concursos ni abrir la participación, como se hizo en el pasado, al presidente del tribunal, Ignacio Buitrago, ni a las entidades tributarias.
Una de las 23 precandidatas que no fueron designadas afirmó que los nombramientos fueron arbitrarios y que no se respetaron los antecedentes técnicos. Diez de estos precandidatos impugnaron la medida y llevarán su reclamo ante la Justicia.
Uno de los argumentos esgrimidos por una fuente del Gobierno para defender esa decisión que no cumplió con los requisitos previos fue "la gran lentitud del tribunal para resolver, lo que implica un gran perjuicio para el fisco y para los contribuyentes, ya que están pendientes de resolución casos por 8000 millones de pesos".
Agustín Torres, ex integrante del Tribunal Fiscal, afirmó a este diario que "siempre los presidentes del Tribunal Fiscal intervinieron en la designación de los vocales y las designaciones se hacían con el procedimiento habitual de un concurso en el Estado". Torres agregó que, de los siete nuevos vocales, sólo conoce a dos de ellos porque trabajan en el organismo.
Lo ocurrido en el Tribunal Fiscal es otro lamentable ejemplo de la colonización que lleva a cabo el Gobierno en áreas decisivas de la administración. Areas que intervienen en asuntos donde se decide la suerte de montos millonarios.
Es lo que en su momento ocurrió, por ejemplo, en la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de la lucha contra el lavado de dinero, cuando al frente de la misma se nombró a José Sbattella, un hombre sin experiencia en la materia.
Otro tanto ha sucedido en la Sindicatura General de la Nación (Sigen), en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y en Aerolíneas Argentinas.
No contento con haber copado el ámbito estatal, el Gobierno ahora procura iniciar la colonización de empresas privadas mediante la arbitraria designación en ellas de directores que representen al Estado, en virtud de las acciones que en su momento adquirieron las desaparecidas AFJP y que han quedado en poder de la Anses.
Los candidatos a ocupar esos puestos de directores integran la agrupación La Cámpora, caracterizada por la ambición de sus integrantes por ocupar puestos bien rentados.
Un gobierno que, con pocas excepciones, elige a funcionarios a partir de su capacidad de obediencia ciega y no de su ideoneidad y capacidad profesional es un gobierno al que no le interesa el desarrollo del Estado, al que sólo usa para incrementar su poder político y económico y perseguir a quienes considera sus enemigos, porque la designación de inexpertos obedientes y genuflexos también es el mejor caldo de cultivo para la corrupción
Fuente: nota de La Nación
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