domingo, 14 de marzo de 2010

la crisis en el sector de la salud

Todo indicaría que tanto el sistema de salud público como el privado están en crisis.
En nuestro país el sector privado representa poco más del 30%, mientras que el público casi un 70%, ( Municipios, Estado Nacional y Provincias).

El gasto en salud es elevado y su uso deficiente, existiendo gran disparidad entre las distintas zonas del país. Según los últimos datos oficiales disponibles, el gasto público en salud representa el 5,7% del PBI y es asumido según el siguiente detalle:
El 40% por las obras sociales.
El 32% por el sistema privado.
El 24% por las provincias y municipios.
El 4% por el Estado Nacional.

Según un trabajo del economista Jorge Colina, el grupo de obras sociales con menores recursos (compuesto por unas 53 entidades, cuyos ingresos por beneficiario rondan los $65 mensuales), brindan cobertura a 1,5 millones de afiliados, con un salario promedio que alcanza los 1.000 pesos.
Como contrapartida, el grupo de obras sociales de mayores recursos brinda cobertura a una cifra muy similar. Pero con un promedio salarial que está por encima de los 3.500 pesos.
Actualmente, el aporte mínimo para la obra social es de $70 (es el que pagan los monotributistas), mientras que el promedio del sistema es de $150 mensuales.
Para los directivos de las prestadoras sindicales las cifras son demasiado bajas y señalan que los ingresos son mucho menores a los gastos que deben afrontar para mantener la salud de sus afiliados.
Ante esta situación, muchos son partidarios de volver a la afiliación compulsiva, mientras que otros abogan por una ampliación de los aportes del “Fondo Solidario de Redistribución”, que es aquél que se conforma de un porcentaje de los aportes destinados –como lo indica su nombre- a equilibrar los ingresos de las distintas obras sociales.
Sin embargo, las medidas tomadas por las autoridades van justamente en la dirección contraria. A fines de 2008, se decidió disminuir los aportes a dicho fondo, dado que se estableció que el salario de corte -para pasar de la alícuota del 10% al 15% en el caso de los convencionados y del 15 al 20% en el de los no convencionados- se elevara de $1.000 a 2.400 pesos.

Desde el lado de los prestadores privados de salud, la situación no es mucho mejor que la de las obras sociales.
Los representantes de las clínicas y sanatorios agrupados en ADECRA señalan que "el retraso de precios que sufre el sector alcanzaba, en agosto del año pasado, al 35%, debido al aumento del precio de los insumos y la actualización salarial del personal médico y no médico".
La preocupación es creciente, debido a la inflación y a los incrementos salariales que se pautarán este año en el sector.
Según un informe de la propia entidad, en los últimos 10 años “los costos de producir atención médica se multiplicaron por 4, mientras que los aranceles lo hicieron por 3”.

Además existen situaciones irregulares dentro del sector privado de salud que son "de cuidado" porteño. Es el caso de muchos médicos que “alquilan” consultorios dentro de las clínicas y sanatorios, y mantienen una relación contractual con la empresa durante muchos años cuando, en la práctica, son empleados directos.
En caso de juicio laboral, los montos indemnizatorios resultan inabordables por las instituciones médicas. Esto, sin contar con los juicios por mala praxis, que se vienen incrementando desde la década del '90. Uno de cada 5 profesionales de la salud (unos 40.000 médicos en todo el país) enfrenta hoy una demanda por responsabilidad civil y profesional, y gran parte tiene contratado algún seguro médico.
La Argentina es uno de los países donde se inicia mayor número de demandas por mala praxis en América Latina

Esta litigiosidad “lleva a los médicos a aplicar una estrategia de medicina defensiva, es decir prescribir más estudios de los necesarios, o no aplicar terapias novedosas para evitar incurrir en riesgos”, advierte Tomás Sánchez de Bustamante, gerente general de OSDE
Las organizaciones médicas enfrentan una situación de inequidad, dado que los demandantes pueden litigar sin gasto, en tanto que los demandados deben abonar al menos el 50% de las costas del juicio, aún cuando resulten inocentes”, destaca Marcelo Mastrángelo, presidente de ACAMI.


Cómo se financia el sistema público de salud ? En en recursos provenientes de rentas generales, que son fijados mensualmente en los presupuestos públicos de cada jurisdicción.
Y el hecho es que parte de lo recaudado a nivel municipal y provincial debe ser consolidado con la recaudación nacional y luego coparticipado.
Además, las provincias reciben Aportes (discrecionales) del Tesoro Nacional.
Pero no existe una legislación que exija invertir un determinado porcentaje de esos recursos en esta materia.
De ahí que el gasto provincial vaya desde un 8% a casi el 30% del presupuesto provincial.
Por otra parte, dentro de los recursos públicos, menos de un 40% provienen del Estado nacional, provincial o municipal, y la mayor parte, un 61% corresponden a la seguridad social (obras sociales nacionales, provinciales y municipales, y el PAMI).
Fuente: Iprofesional-13 de marzo de 2010

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